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Ignacio Cembrero
No todo ha cambiado con la llegada de Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia en sustitución de Alberto Ruiz Gallardón. La ley del aborto ha quedado enterrada, pero no así el proyecto de ley que facilitará la obtención de la nacionalidad española a los descendientes de judíos sefardíes sin que tengan que renunciar a la que ya ostentan.
En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, Catalá confirmó en octubre que la iniciativa permitirá otorgar la nacionalidad española "a aquellos descendientes que prueben su condición de sefardíes originarios de España" y "demuestren también una especial vinculación con España".
La primera "habrá de probarse ante un notario", según el ministro, y bastará, probablemente, con tener uno de los más de cinco mil apellidos sefardíes. La segunda requerirá que el aspirante se someta a una "prueba lingüística en el Instituto Cervantes" más cercano a menos que no resida en un país cuyo idioma sea el español.
¿Cuántos podrán solicitar la nacionalidad española? Justicia no da datos, pero se calcula que los descendientes de los judíos expulsados de España y Portugal a partir de 1492 son hoy en día entre tres y 3,5 millones afincados mayoritariamente en Israel aunque también hay comunidades en EE UU, América Latina, Turquía y en los Balcanes.
A lo largo de las últimas décadas casi todos han dejado de hablar el ladino o judeoespañol, el idioma medieval en el que se expresaban cuando salieron de España, pero algunos conocen, en cambio, el español moderno que han estudiado. Para muchos de ellos un pasaporte español es atractivo porque es más cómodo que el israelí para viajar por el mundo, porque abre las puertas para trabajar en toda la Unión Europea.
El proyecto de ley supone, según Catalá, una "reconciliación no solo con los descendientes de los judíos expulsados en 1492, sino también con el pasado español y con su vocación presente de sociedad abierta". "Tiene una importante repercusión más allá de nuestras fronteras", añadió.
A nadie en el Congreso de los Diputados le parece mal reparar, cinco siglos después, el daño causado a los sefardíes. Izquierda Plural, en la que está integrada Izquierda Unida, y Esquerra Republicana de Catalunya, han presentados, sin embargo, sendas enmiendas a la totalidad del proyecto de ley.
Consideran que a los sefardíes habría que añadir otros tres grupos: los saharauis; los nietos de españoles no nacidos en España y los moriscos. Llegaron incluso a mencionar a los habitantes de Sidi Ifni, una ciudad marroquí de la que España se retiró en 1969, pero renunciaron a ello.
Los saharauis son un pueblo descolonizado aunque el conflicto persistente les coloca en una situación difícil. Si se les ofrece esa vía también habría que hacerlo, por ejemplo, con los ecuatoguineanos y hasta con cubanos y filipinos. Los nietos de españoles nacidos en el extranjero ya tuvieron esa oportunidad de ser también españoles, en el marco de la ley de memoria histórica, hasta diciembre de 2011.
Los moriscos, es decir los musulmanes que aparentaban haberse convertido al cristianismo pero practicaban con frecuencia el islam a escondidas, fueron expulsados de España un siglo después de los judíos. Eran unos 300.000 que en su mayoría se instalaron en el Magreb, sobre todo en Marruecos donde se les llama andalusíes. Tienen también apellidos específicos como Bargachi, Piro, Molato, Sordo, Mulin, Denia, etcétera.
¿Por qué el Gobierno quiere conceder a los sefardíes lo que no está dispuesto a dar a los moriscos? En Justicia y en Asuntos Exteriores argumentan bajo cuerda que estos últimos, a diferencia de los primeros, han perdido cualquier vínculo cultural y lingüístico con España. Muchos sefardíes tampoco tienen lazos con la que fue su patria y, sin embargo, tendrán la ocasión de demostrar lo contrario.
¿Por qué los moriscos no tendrán esa misma oportunidad si el objetivo es, como dijo Catalán, reconciliar a España con su pasado?
Decisión discriminatoria
Bayib Loubaris, marroquí y presidente de la Asociación Memoria de los Andalusíes, aseguraba, en declaraciones a la agencia EFE, que el Estado español debería "reconocer el mismo derecho para el resto de los expulsados" y no solo para los judíos. "De lo contrario su decisión sería selectiva por no decir racista", recalcaba.
En su gran mayoría los moriscos no hablan español, pero varios centenares de familias en Fez, Rabat o Tánger sí conservan tradiciones musicales, culinarias y arquitectónicas de la España que dejaron. Por su proximidad geográfica con España conocen a veces mejor el país de sus antepasados que los sefardíes de Estambul o Los Ángeles. Por sorprendente que parezca esta doble vara de medir del Ejecutivo español apenas ha suscitado reprobación en el mundo árabe.
Más allá del pretexto de su carencia de nexos con España hay otras razones que aconsejaban a los ministerios españoles de Justicia y Asuntos Exteriores apostar por los sefardíes. Gaspar Llamazares, de IU, sospecha que actúan así para "compensar el voto favorable de España al reconocimiento de Palestina en Naciones Unidas". Otros 137 países votaron a favor.
No se trata ahora de un gesto hacia Israel sino más bien hacia EE UU donde los lobbies judíos tienen mucho peso y la iniciativa española ha sido alabada. Atraer a sefardíes puede además significar captar inversión y dinamizar una economía española que necesita estímulos. Los moriscos no pueden ofrecer lo mismo.
Fuente: http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/orilla-sur/2014/11/12/por-que-los-sefardies-podran-ser.html
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