William Adolphe Bouguereau

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martes, 2 de diciembre de 2014

LA MEZQUITA DE CÓRDOBA - CIUDADANOS EN DEFENSA DE LOS BIENES PÚBLICOS FRENTE A LA CODICIA ECLESIÁSTICA

Fuente:






No mucha gente sabe que la Iglesia Católica viene inmatriculando desde hace tiempo bienes de uso público o comunal  -ermitas, iglesias, fincas, edificios, plazas, monumentos, etcétera-  sufragados en su día por los municipios o por la sociedad, sin que hubieran llegado a ser jamás antes propiedad suya. Este intento de hacer figurar jurídicamente como propiedad eclesiástica bienes ajenos es una forma descarada de apropiarse indebidamente de lo que no les corresponde. Poned el nombre que queráis y seguramente no anduvierais descaminados. Parece no importarles nada que esa actitud sea poco evangélica, si nos atenemos a sus propios cánones doctrinarios, que no preconiza precisamente la riqueza. O bien que vaya contra el séptimo mandamiento que dicen que Yahvé dictó a Moisés. Pero sabido es que la entidad moral de la institución, o/y empresa, según se mire, con sede en el Vaticano no es uno de los activos que la caracterizan.

Sobre el tema de la apropiación de bienes ajenos ha venido combatiendo desde hace tiempo Ekimena-Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, vanguardia de sensibilidad y defensa de los bienes públicos en España. Por otra parte, también en Córdoba, ante el descaro eclesiástico en querer apropiarse en su integridad de la Mezquita, anulando una tradición cultural que pertenece a todos los españoles, para hacer valer el monumento solamente como Catedral, otro grupo de ciudadanos congregados en la Plataforma Mezquita han dirigido un llamamiento a la Junta de Andalucía y a la UNESCO para parar la codicia religiosa. A continuación van dos informaciones para dar a conocer el tema. Si no se reacciona, los ciudadanos y sus autoridades habrán hecho una vez más dejación no solo de lo que pertenece comunalmente sino del control administrativo y jurídico por el que debe responder el Estado y las demás administraciones públicas.



SALVEMOS LA MEZQUITA DE CÓRDOBA. POR UNA MEZQUITA-CATEDRAL DE TODOS   


Hace 30 años que la Mezquita-Catedral de Córdoba fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, no solo por su extraordinaria riqueza y complejidad sino especialmente por tratarse de un paradigma universal de concordia entre culturas.

Ante los continuados intentos de apropiación jurídica, económica y simbólica por el Obispado de Córdoba, incumpliendo gravemente los principios que inspiraron dicho reconocimiento, desde la ciudadanía pedimos la intervención de las administraciones públicas y de la Unesco con el fin de preservar del peligro que corre su declaración como Patrimonio Mundial.

SOLICITAMOS:

1.- Que deje de emplearse institucionalmente solo el término Catedral para referirse a todo el monumento. Mezquita de Córdoba es su designación popular, universalmente conocida y la empleada por la Unesco al declararla Patrimonio Mundial en 1984. La simbólica de Mezquita-Catedral, acordada por unanimidad en pleno municipal como representante de la ciudadanía de Córdoba, define con exactitud su esencia y realidad arquitectónica.

2.- El reconocimiento jurídico de su titularidad pública. La Mezquita-Catedral es propiedad de la ciudadanía, Bien de Interés Cultural, Monumento Nacional y Patrimonio Mundial. Cualquier acto de apropiación privada carece de valor jurídico al tratarse de un bien de dominio público.

3.- La gestión pública y transparente de la Mezquita-Catedral. Su inmensa dimensión cultural, simbólica y patrimonial debe ser administrada por un patronato público con criterios ajustados a su universalidad, garantizando la transparencia en todos los aspectos de su gestión, incluida la económica, y la difusión histórica, artística y arquitectónica con pautas estrictamente científicas.

4.- La redacción de un Código de Buenas Prácticas. Por consenso entre las administraciones públicas, académicas, ciudadanas y la Unesco, para evitar acciones que perjudiquen tanto a la imagen y significado del monumento, como a los intereses generales de Córdoba, Andalucía y España, al ser uno de los tres monumentos más visitados del Estado.






LAS PLATAFORMAS DE CÓRDOBA Y NAVARRA AL MINISTRO DE JUSTICIA


La Plataforma ciudadana “Mezquita-Catedral de Córdoba: patrimonio de tod@s” y la Plataforma para la Defensa del Patrimonio Navarro (Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma), como portavoces de un amplio movimiento social que defiende el carácter público del patrimonio cultural, histórico y artístico usurpado en todo el territorio de Estado por la jerarquía católica al amparo de una norma predemocrática e inconstitucional (art. 206.1º de la Ley Hipotecaria de 1946 ), ante el intento de amnistía registral que se pretende llevar a cabo mediante la Reforma de la Ley Hipotecaria y que convalidaría la enorme cantidad de inmatriculaciones irregulares ya realizadas, 

EXPONEN: 

PRIMERO.- A pesar de que la Constitución Española establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” (Art.16.3 CE) y que el Tribunal Constitucional viene reiterando que “el art. 16.3 de la C.E. veda cualquier confusión entre funciones religiosas y funciones estatales”, lo cierto es que la Iglesia Católica, actuando como funcionario público y equiparada a la Administración Pública, se ha adueñado en plena democracia de gran parte de nuestro Patrimonio cultural, arquitectónico, histórico y artístico, traducido en miles de bienes privados o públicos, construidos y financiados por la ciudadanía, ante la pasividad de los poderes públicos y el desconocimiento de la población. 

Desde que Aznar modificara el Reglamento Hipotecario en 1998, la jerarquía católica ha inmatriculado miles de propiedades en todo el Estado, valiéndose del art. 206 de la LH y art. 304 de su Reglamento que equipara a los diocesanos con fedatarios públicos. Sin acreditar la propiedad. Bastando la simple palabra de un diocesano como si los dogmas de fe tuvieran eficacia civil. Se desconoce el número total y el valor incalculable de los bienes apropiados por la Iglesia católica mediante estos preceptos propios de un Estado Confesional, sin parangón en Europa, dada la sistemática negativa del Gobierno a facilitar los datos registrales a los Grupos Parlamentarios que lo vienen solicitando. 

En Navarra, solamente en el periodo 1998-2007, inmatriculó 1087 bienes de toda índole (monumentos, Catedrales, terrenos, casas parroquiales, ermitas, arbolados, cementerios, viviendas, solares, cocheras, etc). Somos conscientes que lo mismo ha ocurrido en el resto del Estado. Ha llegado a tal extremo la voracidad inmobiliaria de la jerarquía católica que algunos de los bienes inmatriculados por este procedimiento inconstitucional son plazas públicas (como la Triunfo de San Rafael o de la Fuensanta en Córdoba), o monumentos de la trascendencia patrimonial y simbólica de la Giralda de Sevilla o la Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio Mundial de la Unesco.

SEGUNDO.- El proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria omite de manera intencionada cualquier referencia a la Iglesia Católica. Como si nada de lo expuesto hubiera ocurrido. Se trata de una trampa. Hace desaparecer sin más el art. 206.1º de la LH que equipara a la Iglesia Católica con un administración pública para inmatricular bienes, sigilosamente, sin afrontar el problema, intentando que pase desapercibido, sin denunciar su manifiesta inconstitucionalidad y sin considerar, por tanto, los efectos perversos e irreparables que para nuestro Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico tendría la aprobación de dicha Ley de Reforma Hipotecaria. 

Es decir, produciría una AMNISTIA REGISTRAL para los miles de bienes usurpados e inmatriculados por la Iglesia católica a través de un precepto franquista, predemocrático e inconstitucional (art. 206.1 LH), vivo retrato de un Estado confesional como era el de 1946, que debemos entender derogado desde la entrada en vigor de la Constitución Española. 

¿Cómo piensa el Ministro de Justicia deshacer las terribles secuelas jurídicas, sociales, económicas, históricas y políticas que se derivarían de esta amnistía registral si se aprobara la Reforma de la Ley Hipotecaria? Nos tememos que esta reforma responde a la misma complicidad que en 1998 demostró el Partido Popular con la jerarquía católica, permitiendo la mayor apropiación inmobiliaria de la historia de España. Con la diferencia de que ahora la ciudadanía está escandalizada tras haber adquirido conciencia de su gravedad: Usurpación del Patrimonio público por la Iglesia católica en plena democracia mediante una norma que proviene de la Dictadura franquista de 1946. Advertimos al Ministro de Justicia que no vivimos en un Estado confesional. Que por esa razón su Gobierno tuvo que echar atrás con la Ley del Aborto, propiciando su nombramiento como Ministro. Así pues, para evitar que le pueda ocurrir igual que a su antecesor, haga lo mismo con esta amnistía registral con la que pretende convalidar de forma clandestina y alevosa este pelotazo urbanístico para la Iglesia Católica, mientras no se declare la inconstitucionalidad del art. 206.1 de la LH, con carácter previo a cualquier reforma de la misma. 

Por tanto, SOLICITAMOS al nuevo Ministro de Justicia la retirada inmediata de la amnistía registral que se esconde tras el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946 y del Texto Refundido de la Ley del Catastro inmobiliario aprobado por RDL de 5 de marzo de 2004, por las irreparables y perjudiciales consecuencias jurídicas, económicas, sociales e históricas que tendría su aprobación para el Patrimonio Cultural, Histórico y artístico, construido y financiado por la ciudadanía y las Instituciones públicas, que la Iglesia católica ha registrado irregularmente a su nombre a través del 206.1 de la LH de 1946, reconociendo de manera expresa su inconstitucionalidad sobrevenida y, en consecuencia, su derogación desde la entrada en vigor de la Constitución Española.


Carlos Armendáriz (Presidente Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro)

http://plataforma-ekimena.org/

Miguel Santiago (Portavoz Plataforma Mezquita-Catedral: Patrimonio de tod@s) 

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